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Más allá del carácter religioso que la Iglesia católica atribuye a la visita del papa León XIV a Argentina, y aunque se espera que incluya referencias a la realidad nacional, crece la expectativa sobre sus posibles pronunciamientos en materia política, económica y social. En ese marco, esta semana se conoció que los movimientos populares agrupados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) le entregaron al pontífice un informe que contiene un diagnóstico crudo, marcado por duras críticas al gobierno.
Clarín accedió al dossier de 75 páginas que Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, entregó al papa el pasado fin de semana en el Vaticano, al término del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti –la encíclica social de Francisco titulada “Hermanos Todos”–: Diálogo Socioambiental Norte-Sur, realizado durante tres días en Roma con la participación de dirigentes empresariales, sindicales, de movimientos sociales y universidades del continente americano.
Entre los asistentes argentinos al encuentro, convocado por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) y la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL), estuvieron el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, en su calidad de representante sindical ante la OIT; el co-secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, del sindicato del vidrio; y el dirigente empresarial Daniel Funes de Rioja.
Tras un mensaje de clausura del papa, los participantes se acercaron a saludarlo e intercambiaron algunas palabras. En esa instancia, Gramajo le entregó el informe, que comienza señalando que “vivimos en un mundo donde cerca de 2.000 millones de personas están en pobreza” y que “más de 2.100 millones trabajan de manera informal, es decir, cerca del 60% del total”. Además, destaca que “el 1% más rico de la población posee más que el 95%” de los recursos económicos.
El documento sostiene que “la crueldad y el ajuste son las caras ideológicas y políticas de un proyecto que demuestra en los números su desdén hacia quienes menos tienen”. Agrega que “un modelo de desarrollo centrado exclusivamente en la recuperación de variables macroeconómicas o de ingresos de corto plazo deja intactas las deudas sociales del país en términos de infraestructura habitacional, calidad educativa y cobertura de salud”.
Cuestiona las medidas del INDEC al señalar que “la pobreza monetaria oficial se calcula con un severo sesgo metodológico de subestimación”, ya que supone patrones de consumo y desconoce costos estructurales de subsistencia como el alquiler de las viviendas y los servicios básicos. En términos poblacionales detalla que “el sinceramiento metodológico elevaría la pobreza al 48%”. Por ello, advierte que “la métrica oficial vigente invisibiliza a más de seis millones de personas”.
El informe destaca que “la inseguridad alimentaria, entendida como la imposibilidad de acceder de manera regular a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, ha dejado de ser un problema coyuntural para transformarse en un rasgo estructural”. Diversos estudios reflejan que este indicador creció drásticamente en la última década, pasando del 15,7% en 2014 a un preocupante 24,7% en 2023.
En materia educativa, señala que el deterioro del financiamiento, la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios docentes y las dificultades presupuestarias que atraviesan las universidades públicas “comprometen uno de los principales instrumentos de integración y movilidad social del país”.
Respecto a las personas con discapacidad, afirma que su situación “constituye otra de las expresiones más críticas de este proceso”. El informe menciona “las restricciones sobre pensiones, el atraso en los aranceles destinados a prestadores y la crisis financiera que enfrentan centros terapéuticos, transportistas e instituciones especializadas”.
Destaca que “el ajuste atraviesa la frontera de la crueldad”, ya que las auditorías masivas a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) han afectado a más de un millón de prestaciones que, bajo excusas administrativas, fueron demoradas o interrumpidas, impactando severamente en la vida cotidiana de los beneficiarios.
Asimismo, el informe advierte sobre el “debilitamiento del federalismo” producto de la reducción de transferencias nacionales, la paralización de gran parte de la obra pública y la eliminación de programas federales.
Por otra parte, denuncia “la criminalización de la protesta en la Argentina libertaria”, señalando que esta funciona como la infraestructura punitiva necesaria para viabilizar un ajuste económico sin precedentes, con el objetivo de anticipar y desactivar la resistencia democrática. Afirma que “la combinación de reformas laborales punitivas, discursos oficiales de estigmatización y un despliegue represivo sistemático están configurando un escenario donde la protesta social deja de ser un derecho garantizado para ser tratada como una patología criminal”.
El informe omite mencionar la inflación interanual del 211,4% que registró el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, un problema económico que afecta especialmente a los sectores más vulnerables. Reconoce, sin embargo, que “las necesidades se arrastran desde hace décadas, aunque en el último tiempo se han ampliado y profundizado notablemente”.
Por último, critica el estilo agresivo del presidente Javier Milei: “Una práctica que se ha vuelto habitual desde el primer día de esta gestión en la nación es la manifestación de odio, insultos, menosprecio y descalificación, que se ha
