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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó el 31 de agosto dos decretos destinados a fortalecer los derechos de los espectadores en eventos públicos. Uno de ellos establece nuevas normas para la venta de entradas, enfocadas en combatir el “cambismo digital”, mientras que el otro garantiza el acceso gratuito al agua potable. Ambas medidas entrarán en vigor 30 días después de su publicación.
Aunque en redes sociales y medios estos decretos se han popularizado como la “Ley Taylor Swift”, su denominación oficial es Decreto 13.109. Su propósito es asegurar el acceso al agua potable y proteger la salud de los asistentes en eventos abiertos al público.
El apodo «Ley Taylor Swift» surge en referencia a Ana Clara Benevides, una fan brasileña de 23 años que falleció durante el primer recital de Taylor Swift en Río de Janeiro, en noviembre de 2023, al que asistieron entre 60.000 y 65.000 personas. El concierto, realizado en el Estadio Olímpico Nilton Santos en un contexto de temperaturas extremas, generó un debate intenso sobre seguridad, hidratación y atención médica en grandes espectáculos.
Tras este trágico episodio, el acceso al agua potable se convirtió en un reclamo central de los fans. En respuesta, el gobierno brasileño incorporó esta exigencia en una regulación nacional permanente.
El Decreto 13.109/2026 aplica a eventos abiertos al público, incluyendo festivales, congresos, ferias, recitales y actividades culturales. La principal novedad es que todos los eventos con más de 1.000 asistentes deberán ofrecer agua potable gratuita. Los organizadores deberán instalar bebederos o distribuir envases individuales con agua en áreas de fácil acceso. La venta de bebidas en el lugar no exime de esta obligación, ya que el acceso gratuito debe garantizarse de manera adicional.
La normativa también permite que los espectadores ingresen con sus propias botellas o recipientes de agua. Cualquier restricción respecto a los materiales de dichos envases debe basarse únicamente en motivos de seguridad y ser comunicada con anticipación.
Un cambio relevante es que la obligación de ofrecer agua gratuita deja de depender de la existencia de olas de calor. Según el Ministerio de Cultura de Brasil, este acceso pasa a ser una exigencia permanente para todos los eventos que superen el umbral de público establecido.
En cuanto a la comercialización de entradas, el paquete de medidas firmado por Lula introduce modificaciones para combatir el cambismo digital, es decir, la compra masiva de tickets para su posterior reventa a precios inflados. Las plataformas de venta deberán informar desde el inicio el precio total de la entrada, incluyendo todas las tasas adicionales. Además, deberán identificar el precio original de las entradas revendidas y detallar cuánto se cobra por encima de este valor.
Para evitar compras automatizadas mediante robots o programas, las plataformas oficiales deberán garantizar la autenticidad y trazabilidad de los tickets, así como ofrecer sin costo adicional la posibilidad de transferir la titularidad de las entradas. En las filas virtuales, los compradores deberán recibir información sobre su posición, la cantidad aproximada de personas delante y el tiempo estimado de espera.
En Argentina, existe una legislación similar, particularmente en la provincia de Buenos Aires. La Ley 15.439, sancionada en abril de 2023, garantiza el acceso gratuito e irrestricto al agua potable en locales que venden bebidas alcohólicas para consumo en el lugar, así como en estadios y espacios donde se desarrollan eventos masivos.
La normativa bonaerense incluye además la obligación de contar con zonas de descanso y puntos de hidratación señalizados en eventos multitudinarios, así como infraestructura para atender emergencias relacionadas con la salud. El agua debe ser de fácil acceso, estar disponible sin límite y no puede considerarse cumplida la obligación solo con la disponibilidad de agua en los sanitarios.
La diferencia principal con la regulación brasileña radica en que esta última establece un criterio nacional y uniforme: todos los eventos abiertos al público con una previsión superior a 1.000 personas deberán garantizar agua potable gratuita y permitir el ingreso con recipientes personales, sujetos a medidas de seguridad.
